Este 2022 empieza algo extraño. Venía escribiendo poco de temas políticos, y apareció la nota de Alemán, y salió una entrada que me gustó sobre un tema clave: la autonomía de tomar decisiones geopolíticas sin que el Mercado nos imponga hacer cosas que perjudican a la sociedad en su conjunto.
Ahora me encuentro con este editorial del Pepe Natanson sobre los sucesos que se han desarrollado en Chubut a partir de la aprobación del proyecto de zonificación minera para dos Departamentos de la meseta central chubutense.
Hubo serios incidentes, con movilizaciones en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rawson, Trelew y Puerto Madryn, y el gobernador, Mariano Arcioni, tuvo que derogar la ley y llamar a un plebiscito, para parar la reacción popular contra la medida.
Lo interesante de la nota de Natanson es que, a partir de esta situación local, y de la convocatoria a un plebiscito, plantea un conflictivo tema nacional y supra nacional: el de la minería extractiva, y por necesaria ampliación, la explotación de los recursos naturales por corporaciones internacionales, las enormes ganancias que obtienen y el daño ambiental que producen.
El análisis se centra en lo que es un modo democrático (el plebiscito) de salir una confrontación antigua, que ha generado planteos fundamentalistas y que no ha ayudado a mejorar la vida de esa región de Chubut. Por supuesto, esta situación no es solo de esa Provincia. Pasé por Famatina cuando se producían los cortes contra la explotación minera, recuerdo que los manifestantes nos saludaban, cuando les comentábamos que éramos de Mendoza, porque sabían de nuestras defensas del agua como patrimonio de los mendocinos. No hace mucho hubo una marcha en Mendoza, relacionada con el tema de la Ley 7722 que tiene como principal objetivo garantizar el recurso hídrico en los procesos mineros prohibiendo la utilización de ciertas sustancias químicas.
Claro que recordamos uno de los eslóganes de estas manifestaciones populares: “El agua vale más que el oro”, y lo defendemos, pero entre estos dos puntos extremos, hay situaciones que deben de ser consideradas, y es lo que plantea Natanson.
Los habitantes de esa meseta central de Chubut estaban a favor de los proyectos mineros porque no participan de la explotación petrolera de la costa –también contaminante, y que está teniendo cuestionamientos- ni del turismo del oeste.
Un planteo semejante hizo Malargüe en Mendoza defendiendo proyectos mineros.
San Juan ha crecido económicamente apoyando la explotación minera, y la sociedad sanjuanina apoya en las elecciones a los Gobiernos que han desarrollado esta política.
Sabemos que ha habido errores y descuidos que han provocado daño ambiental, y la propuesta de Chubut –no la he leído- asumía algunos cuidados que antes no se han tenido. Sin embargo, hubo una reacción violenta que obligó al Gobernador a echar marcha atrás con la medida, pero nunca un análisis completo, participativo, de todos los sectores que pueden aportar al tema, que permitiera llegar a una propuesta consensuada que superara el conflicto.
No es fácil que esto ocurra: las posiciones están radicalizadas. Los grupos ambientalistas no admiten discusiones, y los grupos empresarios –muchos transnacionales- ejercen su poder para imponer prácticas extractivas, sean cuidadosas con el medio ambiente o no.
Natanson plantea lo siguiente:
“En otros editoriales nos referimos a los perjuicios que ocasiona esta perspectiva cancelatoria, enfocada especialmente en actividades que, como la minería, la agricultura de alta productividad o los hidrocarburos, constituyen las únicas oportunidades de las que dispone la economía argentina para generar en el corto plazo las divisas que necesita para funcionar. No volveremos sobre el tema, pero sí agregaremos que este enfoque tampoco contribuye a abordar uno de los tantos problemas de desarrollo que enfrenta el país y que constituye el eje de esta edición de el Dipló: la desigualdad territorial, reflejada en datos como la concentración de la economía (los cinco distritos más importantes generan el 76 por ciento del PIB) y la desigualdad por habitante (si el PIB per cápita de la región pampeana equivale a 1, el del Noroeste es de 0,84 y el del Noreste es de 0,66). En líneas generales, Argentina exhibe un desequilibrio territorial más pronunciado que otros países con similares grados de desarrollo, como Chile y Uruguay, e incluso que los otros dos países federales de América Latina: el ingreso per cápita de la provincia más rica (Santa Cruz) es 8,6 veces mayor que el de la más pobre (Formosa), mientras que en Brasil la ratio es 7,2 veces (Brasilia contra Maranhao) y en México 6,2 (Ciudad de México contra Chiapas) (8). El hecho de que estas diferencias se hayan mantenido estables o incluso profundizado a lo largo de las décadas –bajo gobiernos autoritarios, democráticos, neoliberales, desarrollistas, nuevamente neoliberales…– confirma que se trata de un problema estructural de nuestro modelo de desarrollo.”
Esto es tan real como la defensa del medio ambiente, y deberíamos tratar de encontrar una solución, porque necesitamos otros recursos que no sean solo la exportación de productos primarios como la soja o el maíz; si no los conseguimos, la pobreza seguirá creciendo y eso también afecta a argentinos/as.
El turismo es una opción muy válida, y Argentina es un país lleno de bellezas naturales y actividades turísticas posibles, pero que también contaminan, y todos conocemos daños producidos por turistas; sin embargo, a nadie se le ocurriría prohibir el turismo porque genera muchos recursos y trabajo para la gente.
Por eso, es muy valorable la búsqueda de Natanson de alternativas democráticas para encontrar los acuerdos imprescindibles que permitan resolver los conflictos que nos perjudican.
Por supuesto, el modo que se ha arraigado en Argentina para solucionar divergencias no ayuda a avanzar en esas búsquedas.
La “grieta”, profundizada como método de ganancia política, es un problema, porque ha politizado mal temas que se pueden analizar desde lo que necesita Argentina en su conjunto.
Por esto, es importante el intento de Pepe, y recomiendo la lectura de su nota a los que piensen que debemos avanzar en mejores prácticas políticas, en función de un proyecto de país mejor para la mayoría de los argentinos.
Con un origen lejano que se remonta a las polis de la Grecia antigua y la República Romana (el doctor Grondona diría: plebiscito viene de plebis citum, llamar a la plebe), el plebiscito o referéndum comenzó a definirse, en su versión actual, durante los años posteriores a la Revolución Francesa, convocado por primera vez para validar la Constitución del Año III y luego para refrendar el ascenso de Napoleón Bonaparte, que utilizó este mecanismo para ratificar la Constitución pos golpe del 18 Brumario, más tarde para hacerse nombrar cónsul vitalicio y finalmente emperador.
Desde su nacimiento hace 25 siglos hasta hoy, el país que mejor ha logrado incorporar la democracia directa a su dinámica política habitual es Suiza. Por la cultura cívica de su sociedad, por la singularidad de su organización cantonal o por la temprana influencia revolucionaria (el primer referéndum federal suizo tuvo lugar en 1802 para aprobar la Constitución Helvética), Suiza es el gran ejemplo de la aplicación de plebiscitos en el mundo, a punto tal que un tercio de todos los que se realizaron en la historia se concretaron allí (el último, hace tres semanas, para aprobar el pasaporte Covid) (1).
En América Latina, el país que más referéndums ha celebrado es Uruguay, otro Estado pequeño y de fuerte cultura cívica, a partir del impulso inicial de José Batlle y Ordóñez, que conoció de primera mano la experiencia suiza en dos célebres viajes y buscó trasladarla a su país: desde el primer plebiscito constitucional en 1917, Uruguay ha celebrado 30 consultas nacionales sobre temas tan diversos como las privatizaciones y la edad de imputabilidad de los menores, y de hecho en estos días discute la “Ley de urgente consideración” impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que contempla la ampliación de los márgenes de actuación policial y el aumento de las penas para delitos de narcotráfico, y que se someterá al voto popular el próximo 27 de marzo.
Chubut no es Suiza –ni, para el caso, Uruguay– y, ciertamente, Mariano Arcioni no es Napoleón, pero el anuncio de la convocatoria a un plebiscito para que los chubutenses decidan si aceptan la minería en dos departamentos ubicados en la meseta central de la provincia puede ser una vía para desatar un nudo que ya lleva 18 años, cuando una consulta popular en Esquel frenó el proyecto de instalar una mina de oro cerca de la localidad.
Quince días atrás, la Legislatura había aprobado la “Ley de zonificación”, que estableció en qué partes del territorio queda habilitada la explotación minera. La discusión estaba pendiente desde el 2003, cuando, en la estela de la movilización anti-minería de Esquel, se sancionó una ley que prohibió la minería a cielo abierto en toda la provincia, pero también ordenó que, en un plazo de 120 días, se analizara cuáles áreas quedarían exceptuadas. Dieciocho años después, la Legislatura se puso al día y tras un fuerte debate decidió habilitar la minería en Gastre y Telsen, 2 de los 16 departamentos en los que está dividida la provincia, además de establecer una serie de controles ambientales y sociales estrictos y ratificar la prohibición al uso de soluciones cianuradas contemplada en la norma del 2003 (2). La votación generó una intensa movilización popular en las principales ciudades de Chubut (no en la meseta), que llegaron a la quema de edificios públicos y fueron respondidas con una feroz represión policial. Pocos días después, Arcioni retrocedió: impulsó la derogación de la ley y anunció el plebiscito.
A diferencia de la cordillera, donde prospera el turismo de alta gama, y la costa, donde se asientan las explotaciones hidrocarburíferas, el turismo de ballenas y la pesca, la meseta central chubutense constituye una enorme extensión geográfica escasamente poblada y desprovista de recursos naturales, actividades productivas o cualquier herramienta para empujar el desarrollo, apenas algo de ganadería ovina y cría de guanacos. El Proyecto Navidad, de la Pan American Silver, prevé una inversión de 1.200 millones de dólares a lo largo de 18 años y la creación de unos 2.800 empleos (800 directos). Pero la discusión es política. Con apenas 6.000 habitantes, la meseta carece de influencia en el poder provincial; no tiene, por ejemplo, un representante en la Legislatura. Sin embargo, sus habitantes se han manifestado en varias ocasiones a favor de la habilitación de la minería, tal como explica la dirigente del PJ local Marina Barrera, que viene realizando grandes esfuerzos por hacer escuchar la voz de los pobladores de la meseta, y como ratifica el hecho de que los intendentes de Gastre y Telsen también pidieran la aprobación del proyecto.
El plebiscito, decíamos, puede ser una herramienta para destrabar este conflicto, pero también genera dudas. En primer lugar, la jurisdicción. En una primera mirada, parece razonable que, como propuso Arcioni, sean todos los chubutenses quienes definan. Desde la reforma constitucional del 94, los dueños de los recursos naturales asentados en sus territorios son los Estados provinciales, y las eventuales rentas o regalías percibidas por su explotación se derivan al fisco de la provincia. Más allá del aspecto legal, hay también buenas razones políticas: en Chubut se desarrollan otras actividades económicas con un potencial de daño ambiental equivalente al de la minería, notoriamente la explotación petrolera en el Golfo de San Jorge, que también contribuye a las finanzas provinciales. Parece entonces lógico que un habitante de Comodoro Rivadavia, que “paga el precio” del daño ambiental en su ciudad –y aporta regalías al erario provincial– decida sobre lo que ocurre en otras zonas de su provincia.
Sin embargo, el antecedente inmediato, recordado por las organizaciones ambientalistas como una gesta popular, se resolvió de otra forma. En 2003, cuando se discutió la instalación de una mina de oro en Esquel, la consulta popular convocada por iniciativa de los vecinos incluyó solo a los habitantes de la ciudad, unas 11.000 personas. ¿Deberían votar ahora solo los ciudadanos de Gastre y Telsen? La debilidad política de la meseta es tal que la alternativa ni siquiera fue considerada: no fue contemplada por Arcioni ni, mucho menos, por las organizaciones anti-mineras de las ciudades, ubicadas a 200 y hasta 300 kilómetros de donde se situaría el Proyecto Navidad.
Pero hay más: muchas de estas organizaciones se manifestaron incluso en contra del plebiscito provincial. Cristina Agüero, licenciada en Ciencias Ambientales e integrante de la organización “No a la mina”, rechazó la iniciativa con el argumento de que el tema ya se había plebiscitado… en Esquel (3). Pablo Lada, miembro de las Asambleas Ciudadanas de Chubut, calificó al plebiscito como “la tomada de pelo más grande que haya escuchado en mi vida”, en tanto la corriente ecofeminista Marabunta afirmó: “No al plebiscito ilegítimo” (4). La diputada Myriam Bregman también se opuso a consultar a los chubutenses: “el plebiscito lo hizo la calle”, señaló. El influencer ambientalista Inti Bonomo se expresó en la misma línea: “ya hubo un plebiscito y el 83% dijo que no” (5). El abogado Enrique Viale prefiere solo los plebiscitos en los que gana su posición: luego de elogiar la consulta popular de Esquel, explicó que “nosotros creemos que los derechos ambientales no se plebiscitan” (6). Por último, en una muestra de su disposición a aceptar los debates democráticos, la franquicia argentina de Greenpeace afirmó: “No necesitamos un plebiscito para una ley nefasta y perjudicial” (7).
Espejo envenenado
Los plebiscitos están lejos de ser una solución mágica. Al constituir en esencia un juego de suma cero, en el que todo lo que gana un bando lo pierde el otro, no permiten negociar concesiones cruzadas o explorar soluciones intermedias, como sucede con la construcción de acuerdos parlamentarios, más lentos, pero más seguros, ni permiten contemplar los intereses de las minorías. La democracia es el reino de los sub-óptimos y los referéndums son exactamente lo contrario: un juego en el que el ganador se lleva todo. Pero además la experiencia demuestra que, en contextos crispados, pequeños grupos hiperactivos son capaces de ejercer una influencia, breve pero determinante, sobre las grandes mayorías, que luego de votar ya no pueden arrepentirse. Como en el Brexit, muchas veces se vota pensando en una cosa (la inmigración) cuando en realidad la que se define es otra (la permanencia en la Unión Europea).
Sin embargo, el plebiscito también tiene sus ventajas. Si alude a un tema de interés real y no es un simple mecanismo de validación de las elites, suele abrir un amplio debate público, obliga a los grupos enfrentados a un esfuerzo de pedagogía y activa la participación de la ciudadanía, que se involucra de manera directa en la discusión. Sobre todo, dota de legitimidad al resultado, que queda blindado. Si la diferencia es amplia, el plebiscito desempata.
En el caso que nos ocupa, una consulta popular o un plebiscito podrían ser la vía adecuada para que los habitantes de la meseta o los chubutenses decidan si habilitan el Proyecto Navidad o se inclinan por las posiciones del ambientalismo bobo, al que entendemos como una corriente, minoritaria pero ruidosa, al interior del movimiento ecologista, que no plantea más controles ambientales ni una regulación más estricta ni una mayor imbricación con los productores locales ni una rediscusión impositiva ni una diversificación productiva que impida la cooptación del Estado por parte de las empresas (todas cosas que merecen ser tenidas en cuenta), sino, simplemente, la prohibición total, con consignas tan argumentativas como “No es no”. Como en Gualeguaychú, donde la asamblea que había mantenido cortado durante tres años el puente internacional se opuso al plebiscito sugerido por el ex gobernador Jorge Busti, en Chubut también rechazan la consulta.
En otros editoriales nos referimos a los perjuicios que ocasiona esta perspectiva cancelatoria, enfocada especialmente en actividades que, como la minería, la agricultura de alta productividad o los hidrocarburos, constituyen las únicas oportunidades de las que dispone la economía argentina para generar en el corto plazo las divisas que necesita para funcionar. No volveremos sobre el tema, pero sí agregaremos que este enfoque tampoco contribuye a abordar uno de los tantos problemas de desarrollo que enfrenta el país y que constituye el eje de esta edición de el Dipló: la desigualdad territorial, reflejada en datos como la concentración de la economía (los cinco distritos más importantes generan el 76 por ciento del PIB) y la desigualdad por habitante (si el PIB per cápita de la región pampeana equivale a 1, el del Noroeste es de 0,84 y el del Noreste es de 0,66). En líneas generales, Argentina exhibe un desequilibrio territorial más pronunciado que otros países con similares grados de desarrollo, como Chile y Uruguay, e incluso que los otros dos países federales de América Latina: el ingreso per cápita de la provincia más rica (Santa Cruz) es 8,6 veces mayor que el de la más pobre (Formosa), mientras que en Brasil la ratio es 7,2 veces (Brasilia contra Maranhao) y en México 6,2 (Ciudad de México contra Chiapas) (8). El hecho de que estas diferencias se hayan mantenido estables o incluso profundizado a lo largo de las décadas –bajo gobiernos autoritarios, democráticos, neoliberales, desarrollistas, nuevamente neoliberales…– confirma que se trata de un problema estructural de nuestro modelo de desarrollo.
Chubut no es una provincia pobre. Su PIB per cápita es similar al del resto de las provincias patagónicas, explicado en buena medida por el petróleo. Pero acumula niveles insoportables de deuda en dólares y vive virtualmente quebrada, en medio de frecuentes conflictos con los docentes y los empleados públicos. La desigualdad al interior de la provincia es significativa, entre las localidades más prósperas de la cordillera y la costa y la pobreza de la meseta. Esto hace que la mayoría de los jóvenes que nacieron allí emigren apenas cumplen la mayoría de edad, lo que suma presión al mercado laboral del conglomerado Trelew- Rawson, el de desempleo más alto de toda la Patagonia (9). Y aquí la paradoja: de acuerdo a datos oficiales, la minería metalífera es la segunda actividad más formalizada de la economía (con 90% de trabajo formal, solo detrás de los hidrocarburos) y la que paga los segundos salarios más altos (192.000 pesos brutos en 2020, contra un promedio del sector formal de 68.000) (10). No debería llamar la atención que los gremios mineros –y la Uocra y Camioneros, expectantes de los puestos indirectos– se expresaran a favor del proyecto.
Maticemos antes de concluir. El ambientalismo, ya lo dijimos, es una perspectiva política fundamental para repensar la relación de la sociedad con el medio ambiente. En particular, ha contribuido a mejorar las condiciones de seguridad y regulación de la actividad minera en las últimas décadas. Por otra parte, la crisis económica crónica que atraviesa Chubut no es responsabilidad de las organizaciones anti-mineras sino de la pésima gestión financiera de sus gobernadores y de la debilidad política de Arcioni, que llegó al poder tras la muerte del caudillo Mario Das Neves y nunca logró consolidar su liderazgo. Sin embargo, la diversificación de la estructura productiva, hoy concentrada en la explotación hidrocarburífera, que explica el 40% del PIB de la provincia, podría contribuir a un crecimiento más equilibrado, que morigere la dependencia de los precios del petróleo e impulse el desarrollo en la meseta. Quizás así Chubut podría acercarse a San Juan, su eterno espejo envenenado, que gracias a un temprano impulso a la minería acumula una década y media de alto crecimiento con estabilidad política, logró bajar la pobreza (tenía 10% más pobres que la media nacional antes del auge minero y hoy tiene 4 puntos menos) y supera al resto de las provincias argentinas en los rankings de creación de empleo privado.
1. Eva Sáenz Royo, “La regulación y la práctica del referéndum en Suiza: un análisis desde las críticas a la institución del referéndum”, Revista de Estudios Políticos, Nº 171, Madrid, enero-marzo de 2016.
El 13 de junio subí a mi blog esta entrada: EN EL DÍA DEL ESCRITOR, REENCUENTRO CON LA VOCACIÓN. En ella decía:
Estoy pensando en el Día del Escritor, aunque primero fui lector, y mi viejo me enseñó a leer a los 5 años con el Patoruzú y el Pato Donald, para que no le secara la cabeza para que me los leyera. La de escritor es mi segunda y central vocación. La dejé de lado porque me parecía una forma muy mediada -depende de que me lean- de modificar la realidad. Por eso, fui Profesor -otra forma mediada, pero más concreta- e hice siempre política: la manera más bella de colaborar con que el mundo sea mejor. Feliz Día, escritores (lo estoy siendo en este momento).
Evidentemente, en un par de días había recorrido los más de 70 años de mi vida, y frente a mí, se erguían una máquina de escribir y un libro.
Recordé que mi primer y único cuento lo escribí en una Lettera y todos los libros y escritos que pasaron por mis manos, y tuve que hacerme cargo de que, en el Día del Escritor, tenía que ponerme de pie y seguir el llamado de lo esencial y profundo de mi vida.
Publiqué un poema, y después volví a los temas políticos (la historia de siempre) hasta hace pocos días fui a mi gastroenteróloga. Hacía mucho que no me atendía, así que estuvimos actualizando información. En esa charla, le conté lo del reencuentro y me dijo que, como lectora asidua, le gustaba mucho leer textos sobre las novelas o cuentos que le interesaban. Entonces me sugirió que leyera y escribiera y comentara textos y lo publicara en el blog de Miradas.
Fue otra vuelta de tuerca, y se lo dije a mi médica, agradeciéndole el aporte a mi vida.
Entonces, como primera entrada para compartir, rescaté un comentario crítico de 1971, cuando era Profesor adscripto en la F.F. y L de la UNCuyo, sobre Bestiario de Julio Cortázar, que fue mi única publicación, porque en 1975 me sacaron de la Facultad por razones políticas. Eso le da un valor nostálgico, pero había quedado impreso.
Cortázar fue un autor clave en mi vida literaria, así que es un buen inicio.
Más de una vez he sostenido que la gestión de Cornejo no
tan buena como la imagen que se vendió, y que muchos/as mendocinos/as compraron
llenos de alegría por ser parte de ese 40% que no votaba al peronismo.
Ya he escrito
sobre ese conservadurismo menduco, así que no insistiré, pero sí lo haré con
que no supieron ver la realidad de Mendoza y el daño que causó el macrismo
local y nacional. Para colmo, veníamos de dos malas gestiones peronistas, o sea
que, sobre llovido, mojado.
La democracia le
debe a Mendoza un Gobierno con un proyecto político en serio, y capaz de
generar el acuerdo que necesitamos para que se transforme en una política de
Estado que nos saque de este deterioro político, social y económico cada vez
más profundo.
También he mencionado que el Rody Suárez va a
pagar las consecuencias de estos errores, ya lo está haciendo, pero los que
sufriremos –como venimos haciéndolo- seremos los mendocinos.
Lean esta nota, olvídense de sus prejuicios, y
abran los ojos, aunque no más sea para entender mejor la realidad y poder
afrontarla mejor.
Ha concluido el
mandato del Lic. Alfredo Cornejo como Gobernador de la Provincia de Mendoza y
es necesario hacer un balance de la economía local. Para tal objetivo me
permito partir de datos sobre el comportamiento de algunas variables
macroeconómicas.
La administración
Cornejo siempre puso de relieve que el manejo de las finanzas públicas requiere
de un esfuerzo adicional porque los gobiernos precedentes cometían el mismo
error por ignorancia o concepción intelectual: gastos superiores a los
ingresos, y la evidente ausencia de equilibrio originaba un desbalance de las
cuentas oficiales y el consiguiente freno al diseño de políticas públicas de
crecimiento. A partir de esa simple premisa, se inició un proceso metodológico
e ideológico que hasta la fecha no parece ser la solución.
La gran mayoría
de las medidas diseñadas e instrumentadas, no lograron la solución buscada.
Ante el avance de los problemas económicos, Cornejo ensayó como respuesta
asignar al gobierno nacional la totalidad de la responsabilidad. Posiblemente
culpar a otros de errores propios no es un rasgo de la personalidad de Macri,
sino una estrategia colectivizada de los dirigentes de Cambiemos.
La obstinada
persistencia en declarar a las políticas públicas del peronismo como la única
causa del actual presente, no sólo demuestra cerrazón intelectual, sino también
ausencia de autocrítica.
Al concluir su
mandato Cornejo deja la provincia un 400,8% más endeudada. La composición de la
misma es 60% en dólares y 40% en pesos (Informe de la Deuda Consolidada del
Ministerio de Hacienda y Finanzas). Este solo dato expone claramente que el
futuro de las finanzas públicas de Mendoza está íntimamente ligado a la
volatilidad del tipo de cambio.
El actual
Gobernador Suárez, al igual que su predecesor Cornejo, otorgan a la obra
pública un rol significativo, no sólo por la dinámica que genera en bienes y
servicios, sino por la posibilidad de incorporar mano de obra en poco tiempo.
En el caso del ex gobernador, los datos emitidos por la Asociación de
Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) indican que el consumo de cemento de
Mendoza en el año 2019 fue de 557.458 toneladas, que representa un 9,7% menor
al consumo de 2015 (617.186 toneladas). Se debe destacar que en el Producto
Bruto Geográfico (PBG) de Mendoza la construcción pública aporta en promedio el
18% y la privada el 82% restante.
El empleo en
Mendoza recorre el mismo camino que el trazado en la Nación. En el caso de los
asalariados registrados del sector privado (aquellos que cuentan con recibo de
sueldo y acceden a los beneficios de las discusiones salariales encaradas por
los gremios) no han tenido mejor suerte que el resto de la fuerza laboral. El
Observatorio de Empleo y Dinámica Laboral (OEDE) del Ministerio de Trabajo de
la Nación señala que, en Mendoza, al comparar los datos del 2do. trimestre de
2019 con igual período temporal de 2015, la industria manufacturera, la
agricultura y el comercio han perdido de forma conjunta 8.320 empleos. El
sector industrial es el más golpeado con 5.610 empleos, de dicho total.
Asimismo, el Indec, en su publicación “Mercado de trabajo. Tasa e indicadores
socioeconómicos” en base a la EPH, informa que la desocupación del Gran Mendoza
en el 3er trimestre de 2019 fue 8,6%. En el mismo trimestre de 2015 la tasa fue
del 3,1% es decir 2,8 veces menor a la última medición.
¿Qué cambio?
Cornejo y sus
funcionarios no deberían haber dinamizado con ayuda de algunos medios de
comunicación la hipótesis sobre el desmanejo de las cuentas públicas. Existen
razones tanto teóricas como empíricas para desconfiar de ella. Teóricamente, la
argumentación del orden fiscal con sus opciones operativas se asemeja a un libro
de dietas alimenticias cualquiera, basado en reglas prácticas.
Luego de cuatro
años de gestión es claro que la economía mantiene y ha profundizado una
tendencia declinante. La estructura productiva provincial no ha logrado superar
las barreras propias de la inconsistencia de un modelo económico como el
capitalismo neoliberal cuya premisa es la destrucción de actividades
productivas de capital nacional, un creciente proceso de desempleo en el sector
industrial y una generalizada inequidad en la distribución de la riqueza.
El economista
George Akerlof planteó que la economía, al igual que los leones, es salvaje y
peligrosa. Entonces es lógico pensar que el ex gobernador Cornejo no tuvo los
atributos básicos de un domador de leones. El interrogante que subyace en el
presente contexto es si la sociedad mendocina tolerará indiferente la
continuidad de un deterioro económico, que vulnera derechos sociales.
Me resultó
llamativo que la clase política chilena no visualizara la crisis que se les
venía encima: los sorprendió el tsunami, y todavía no reacciona, y menos
todavía el Gobierno que hace todo mal, por lo que se hace difícil ver una
salida por arriba de la situación.
Sin
embargo, había datos y situaciones que permitían pensar en que visión idílica
de la realidad chilena tenía pies de barro. Hace unos años (por el 2013 o 2014)
fui como Coordinador del Área de Vinculación de la UNCuyo a unas Jornadas en
Pilar donde expuso Marco Enríquez-Ominami, ex candidato a la Presidencia de
Chile, el que hizo un análisis bastante crítico de la realidad chilena. Muchos
dijimos que detrás de ese aparente modelo exitoso que era presentado como el
modelo para Latinoamérica había un país muy desigual e inequitativo.
Por eso,
esta nota de Nodal es muy valiosa, porque nos permite entender el modelo
teórico económico chileno, y las razones del –ahora- evidente fracaso. También
nos permite buscar alternativas y medidas esta aparente dicotomía entre
populismo y neoliberalismo.
Ya sabemos
que nos mintieron con la receta para la felicidad económica de los países. Es
más, si miramos lo que sucedió en Grecia, o en otros países latinoamericanos,
es todo lo contrario: es el camino para la infelicidad de los pueblos.
Hay que
buscar otros caminos para el bienestar, nos va la vida en ello.
El
disruptivo estallido social de Chile y las masivas protestas en Colombia son
evidencia de un malestar subyacente que eclosionó en el corazón del modelo
neoliberal latinoamericano. La derecha no atiza una respuesta, cierra filas y
revive discursos de la Guerra Fría, mientras que la izquierda cómodamente se
concentra en una reduccionista forma de entender la desigualdad: sube o baja el
índice de Gini. Mientras tanto, la gente hace mucho que no llega a fin de mes.
La
efervescencia del momento político no es sólo el desenlace de un modelo
excluyente; también es el resultado de una forma obsoleta y parcial de medir el
bienestar que, esencialmente, se despreocupa por cuantificar el malestar y las
relaciones de poder que condicionan los resultados que los individuos obtienen
en el mercado. Lo ocurrido en Chile deja una deuda tremenda a los indicadores
de bienestar. ¿Por qué no anticiparon el estallido? ¿El marco teórico que los
sustenta está quedando obsoleto?
60 años de hegemonía de la Teoría del Capital
Humano
La Teoría
de Capital Humano, desarrollada a partir de los trabajos de Gary Becker en los
’60, revolucionó la teoría de bienestar. Tres generaciones de economistas
siguen hablando de bienestar anclados a esta teoría. Para ellos, la desigualdad
está asociada a la renta personal —comparando individuos “iguales”— y es
causada por el poco acceso a salud y educación. La esencia de comparar la renta
personal, sin ningún atributo, es asumir que todos los individuos son iguales,
abstraídos de cualquier condición de clase y que lo único que los diferencia
son sus capacidades iniciales (educación, salud). Bajo este paradigma, las
prescripciones de política son de Perogrullo: hay que invertir en educación y
los individuos “esforzados” a través de la libre competencia del mercado podrán
competir y acceder a empleos bien remunerados.
La Teoría
de Capital Humano tiene sus bases en la antigua teoría marginalista de la
distribución de la renta de inicios del siglo XIX, que señala que la
remuneración del trabajo y del capital es igual a la contribución marginal que
hace cada uno de ellos al producto. Como sentenció J.B Clark, unos de los
pioneros en la teoría marginalista, el ingreso que reciben los trabajadores y
los capitalistas es el resultado de una “ley natural” que remunera a cada
factor con lo que cada uno de ellos contribuyó a crear (producción). Las fallas
de la teoría marginalista de la distribución son muchas, pero es políticamente
atractiva para justificar el statu quo de la distribución de los medios de
producción.
En la
actualidad, hay un consenso generalizado entre los economistas sobre la
afirmación de Clark: no hay que tocar la distribución primaria. Aquellos con
una tradición más socialdemócrata, que han nacido con la evidencia de los
Estados de Bienestar, aceptan que el Estado intervenga ex post sobre la
distribución original a través de impuestos y transferencias, pero nunca ex
ante. En cualquier caso, la idea de Clark subyace en la concepción moderna de
que el Estado solo debe alterar la distribución secundaria del ingreso, una vez
el mercado (distribución primaria) haya asignado eficientemente el ingreso a
cada factor de la producción.
Este
paradigma no siempre fue así. Desde David Ricardo (1817) hasta bien entrado la
década de 1960 el pensamiento económico concebía a la desigualdad como un
fenómeno que no estaba deslindado de las relaciones sociales de producción, en
las que trabajadores y capitalistas disputan parte del valor creado. Las
relaciones capital-trabajo eran parte constitutiva del entendimiento de la
desigualad y la formación de los salarios y los beneficios. Esto de repente
cambia, y a partir de los años 60 como dicen Anthony Atkinson y François
Bourguignion, los economistas se comenzaron a sentir cada vez más incomodos con
preguntas normativas como ¿quién debe tener qué?, y prefirieron resguardarse en
indicadores “objetivos”, dejando fuera del análisis las relaciones de poder, el
stock inicial de riqueza o las relaciones familiares. Poco a poco la
“objetividad” de los indicadores buscaron individuos abstraídos de su condición
de clase para explicar la desigualdad.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH):
necesario, pero ya no suficiente
Desde los
años ’90 la influyente teoría de Amartya Sen puso énfasis en la necesidad de
dotar al individuo de las capacidades necesarias para que éste pueda alcanzar
los logros que anhele, es decir, expandir las libertades reales que disfrutan
las personas. Entre estas libertades se pueden mencionar la libertad de
participar en la economía, la participación política, el derecho a exigir
educación y salud, y protección social.
Este marco
sirvió para el desarrollo de lo que se llamó el “Índice de Desarrollo Humano
(IDH)” como una medida alternativa y complementaria a lo que hasta entonces
eran indicadores tradicionales, como el crecimiento del PIB o el equilibrio
fiscal. Básicamente, desde 1990 América Latina viene en una carrera por
alcanzar patrones aceptables de IDH como centralidad de la política social. En
este sentido, el desarrollo se ha entendido como una medida de ampliación de la
dotación de capacidades al individuo para que pueda competir en el mercado.
No queda
duda de que la educación y las capacidades que formen los individuos juegan un
rol central en la creación de condiciones materiales (ingresos) y subjetivas
(calidad de vida). En este sentido, el IDH ha sido un avance sustancial en esa
dirección, ampliando el paradigma del PIB per cápita. No obstante, el IDH
acepta tácitamente que el desarrollo sólo depende de las decisiones de los
individuos en autarquía, dejando de lado las relaciones de poder, las redes
familiares o la concentración del mercado. No pone en debate la cuestión de la
estructura histórica, las instituciones, la captura del Estado y la posibilidad
que la pobreza sea, también, producto de la excesiva riqueza en pocas manos, lo
que altera la democracia y el orden de prioridades de los Estados.
La
concepción de desarrollo del IDH se sustenta en que los individuos con buena
educación podrán competir y acceder a mejores salarios. Por lo tanto ¿qué ocurriría
con la medición del bienestar si los salarios y la distribución de la renta no
están definidos únicamente por la educación de los individuos? Básicamente, el
desarrollo cuenta una historia -aunque cierta-, pero amputada o dislocada de
las relaciones políticas y económicas que definen el desarrollo. En ese sentido
se abre una fractura entre los medios que establecen los estados para la
consecución de los fines y los resultados que se alcanzan.
Chile: un malestar subyacente
Chile es la
paradoja de la métrica del Capital Humano. Todo indica que medir el IDH es
necesario, pero ya no es suficiente. Según el IDH, Chile en el año 1990
ostentaba el segundo puesto entre los países de América Latina (con un índice
de 0.7). Para 2019 alcanzó el primer lugar con un valor de 0.8 en el índice. A
nivel mundial también mejoró, y pasó del puesto 48 al puesto 44. Chile era
reconocido por su estabilidad, institucionalidad y respeto a la inversión. Todo
ello expresado en el crecimiento sostenido del PIB per cápita.
¿Qué ocurrió?
Si
observamos las condiciones de bienestar individual, en efecto las capacidades
materiales y subjetivas pudieron estar avanzando: como se observa, el IDH ha
mejorado y deja a Chile como el mejor país en América Latina (gráfico 1). No
obstante, si ampliamos el marco de referencia y analizamos las relaciones
institucionales que sirvieron de base para que esas condiciones individuales se
den, se perciben algunas fallas importantes, pues se estructuraron sobre tres
supuestos:
Al
privatizar todos los aspectos sociales (educación, pensiones, salud, etc.) se
asumía que los individuos podrían competir en un mercado equilibrado, sin
exceso de poder.
La
educación debía ser pagada por las personas, pues incentiva el esfuerzo
personal (era una inversión). No importaba que los hogares generen deudas por
su educación porque financieramente es rentable: “invierte hoy en tu educación
que mañana te permitirás acceder a un salario de acuerdo a tu productividad
marginal”. La educación era una inversión.
El ahorro
individual (fondos de capitalización) garantizará que la gente pueda ahorrar lo
suficiente para tener una pensión digna en la vejez.
Básicamente,
estos supuestos se asientan en una idea generalizada de la Teoría del Capital
Humano: la educación dará un salario suficiente para vivir, endeudarse y
ahorrar. Esto no ocurrió. Al final del
día, los salarios en porcentaje del PIB vienen en retroceso (gráfico 1):
pasaron de un 37% en 1999 a un 30% en 2018. Por su parte, al retirar al Estado
y buscar garantizar el superávit fiscal lo que ocurrió fue que los hogares
incurrieron en un déficit permanente (ley de contabilidad nacional), lo cual
provocó que deban adquirir deuda para poder permitirse el nivel de vida que la
privatización exigía. En dos décadas la deuda de los hogares fue insostenible:
en porcentaje del PIB pasó de 22% en 2002 a más de 45% en 2018. Para el año 2018 la deuda estudiantil,
producto de la privatización, alcanzaba casi los 10 mil millones de dólares y
cerca del 30% de los estudiantes estaban en mora.
Sin punto final
Chile
apostó para que sea el mercado el garante del ciclo vital de sus ciudadanos:
“con deuda podré educarme, con esa educación tendré un salario bueno para pagar
la deuda y ahorrar para la vejez”. En la práctica, la privatización de la
educación y la salud endeudaron a la gente, el mercado de trabajo remunera mal
y los fondos de pensiones no cumplieron lo que prometieron. Así, los adultos
jóvenes tienen deudas, reciben malos salarios y los ancianos reciben pensiones
indignas. El modelo estalló.
(*) Máster
en Economía del Desarrollo (FLACSO) y en Economía Aplicada (UAB) (Ecuador).
LEGADOS DE NUESTROS PUEBLOS ANCESTRALES: VALORÉMOSLOS. EL AGUA ES UNO, Y CENTRAL
Generalmente, no coincido con la visión de la historia y del desarrollo de los pueblos con Pablo Lacoste, pero esta nota está bien, aunque no me convenza demasiado el emparejamiento pisco- espumante, porque nos mete en una polémica no deseada: si el pisco es chileno o peruano. Está claro que Lacoste juega para Chile desde hace bastante.
Para salir de ese incómodo lugar, voy a citar un fragmento de la nota que justifica el rescate del texto de Lacoste: “Pero lo más importante de todo, es la conexión profunda -más allá de los umbrales de la historia- que existe entre el pisco de Chile y el espumante de Mendoza. Ambos tienen el mismo origen ancestral, pues están edificados sobre columnas construidas por los pueblos de la tierra: diaguitas y huarpes.”
Rescatemos los aportes de nuestros pueblos originarios.
Si no fuera por ellos, no habría habido asentamientos ni en Mendoza ni San Juan. Hay indicios arqueológicos de agricultura en estas tierras tres milenios antes de la llegada de los españoles, que no se hubieran asentado en estas zonas, de no ser por lo que ellos hicieron.
Los oasis de Mendoza son producto del agua de riego, lo que no es un dato menor, en estas épocas de disputa por el agua que escasea.
Nuestro ser construyó con esa agua: no lo olvidemos.
Pisco de Chile y espumante de Mendoza
Por Pablo Lacoste – Académico de la Universidad de Santiago de Chile
El pisco es un destilado de uva; se elaboran actualmente cerca de 40 millones de litros por año, 30 en Chile y poco menos de 10 en Perú. Por su parte, el espumante es un vino sofisticado con doble fermentación. Argentina elabora 40 millones de litros por año, de los cuales 95% provienen de la provincia de Mendoza.
Los inicios de cada producto son momentos importantes y fundacionales. El pisco más antiguo fue registrado en Chile, en el Valle de Elqui, 100 km al Este de La Serena, en 1733. Fue anotado por los escribanos del imperio español. Un siglo más tarde, en la década de 1820, se comenzó a usar la palabra pisco para los destilados en Perú. Por lo tanto, Chile ostenta el título de tener “el primer pisco de América”.
En el caso de los espumantes, el emprendimiento más antiguo que ha tenido continuidad hasta la actualidad, surgió en Argentina, en la bodega Santa Ana, Guaymallén, Mendoza, en 1902. Hubo antes intentos en Chile, efímeros. En ese país, el primer proyecto con continuidad fue el de Valdivieso, que salió al mercado en 1933. Por lo tanto, Mendoza puede jactarse de contar con “el espumante más antiguo de América”.
La cuestión del nombre también ha generado polémicas. Los peruanos reivindican el nombre pisco por poseer el puerto de Pisco desde el tiempo de los incas. En Chile, en 1936 se le impuso el nombre “Pisco Elqui” a la localidad del Valle de Elqui donde había nacido el primer pisco en 1733. Actualmente hay una controversia entre Perú y Chile por el uso del nombre “pisco” para los destilados de uva. Se están realizando juicios en diversos países de América, Europa y Asia. Debido a este conflicto, el suscripto ha tenido que declarar como historiador ante la Corte de Tailandia en el pasado abril.
En cuanto al espumante, también hubo problemas de nombre. Los inmigrantes alemanes que lo elaboraron por primera vez en Mendoza, lo llamaron “champagne”, lo cual representaba subordinar la viticultura argentina a la francesa. La prensa se limitó a repetir esta actitud colonialista y se terminó por imponer esta denominación. Durante muchos años ninguna voz se levantó en Argentina para denunciar que llamar “champagne” al espumante argentino es lo mismo que llamar “Falklands” a las Islas Malvinas. En la presentación de su libro sobre Malvinas, Sergio Bruni ha explicado la importancia y valor simbólico de los nombres.
La batalla por la identidad no se limita al nombre, sino que se extiende a otros elementos como la Denominación de Origen y el Día Nacional. En Chile, el pisco fue delimitado como Denominación de Origen el 15 de mayo de 1931 por el presidente Carlos Ibáñez del Campo, el gran amigo de Perón. Perú hizo lo mismo más tarde, en 1991, por decreto de Alberto Fujimori. En Argentina, el 12 de enero de 2019, el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, anunció la decisión política de crear la primera Denominación de Origen de América de espumante.
El Día Nacional del Pisco en Chile es el 15 de mayo, en conmemoración de aquel Decreto con Fuerza de Ley de 1931 que delimitó la DO. Fue establecido en 2009 por la presidente Michelle Bachellet. A partir de entonces, todos los años se realiza una semana de fiestas y celebraciones para conmemorar la gesta y visibilizar el pisco chileno.
En Argentina, se está impulsando el 15 de noviembre como Día Nacional del Espumante, para conmemorar esa fecha de 1902, cuando se celebró un banquete en Buenos Aires, en el cual el inmigrante alemán Carlos Kalless, dueño de Bodega Santa Ana, presentó su primer espumante al entonces ministro de Obras Públicas, Emilio Civit. Esta iniciativa es impulsada por la titular del Concejo Deliberante de Guaymallén, Evelin Pérez. Curiosamente, antes de establecerse oficialmente como Día Nacional del Espumante, en Argentina ya se hacen celebraciones del producto a través del evento “Burbujas y sabores”, que el Departamento de Guaymallén organiza cada año desde 2016. En caso de concretarse el proyecto, quedará perfeccionado institucionalmente un movimiento que ha comenzado de abajo hacia arriba. Pero lo más importante de todo, es la conexión profunda -más allá de los umbrales de la historia- que existe entre el pisco de Chile y el espumante de Mendoza. Ambos tienen el mismo origen ancestral, pues están edificados sobre columnas construidas por los pueblos de la tierra: diaguitas y huarpes.
Tanto la Región de Coquimbo como la provincia de Mendoza son zonas áridas, con escasas lluvias. Las precipitaciones anuales (100 y 200 mm respectivamente) son insuficientes para desarrollar la agricultura y la vitivinicultura. Los españoles hubieran pasado de largo en ambos territorios, sin fundar La Serena (1549) ni Mendoza (1561) de no ser por los pueblos originarios. Ellos impulsaron la cultura del agua, el riego y la agricultura, lo cual hizo posible que los españoles introdujeran allí la vid y el vino.
Por este motivo, tenemos que darnos cuenta, de una vez por todas, de la importancia central que tiene el legado de nuestros pueblos ancestrales.
Huarpes y diaguitas son nuestros vikingos, nuestros galos y nuestros celtas. Y el cacique Guaymallén es nuestro rey Arturo, nuestro Cid Campeador, nuestro Beowulf. La diferencia entre el desarrollo de esas imágenes depende de las industrias culturales. Los países desarrollados las han visibilizado a través del cine, la literatura, la música y el arte en general. Nosotros nos hemos quedado muy atrás en ello. Tenemos una enorme tarea pendiente.
El pisco de Coquimbo y el espumante de Mendoza representan productos típicos, modelados a través de siglos de historia. Son construcciones colectivas, realizadas de abajo hacia arriba por los pueblos, con el aporte de campesinos, enólogos, viticultores y profesionales, juntamente con líderes políticos y estadistas que ayudaron a visibilizarlos, promoverlos y valorizarlos.
La actualidad de Argentina y el Mundo, Noticias vistas desde Mendoza por el Profesor Adolfo Ariza. Realidad, Información y Medios de Prensa en notas con una mirada local y abierta.
Profesor y Licenciado en Literatura. Coordinador Área de Vinculación – Secretaría Desarrollo Institucional – UNCuyo entre 2008 y 2014 (Desarrollo Emprendedor). Responsable de Kusca Gestión Colaborativa para Empresas.
Se ha hablado mucho de los post relatos, y
su capacidad para modificar la realidad verdaderamente ocurrida, pero, desde
hace un tiempo, me pregunto hasta qué punto es post, o si no es parte de la
realidad que transcurre en la medida que condiciona nuestra capacidad de
objetivar esa realidad, y creer que ocurren –y van a ocurrir- cosas que van un
configurando una Matrix no digital. Después de todo, una Matrix es un ambiente
de relación entre cosas y sucesos creado y controlado artificialmente, y esto
se parece mucho.
Por lo tanto, más allá de que ese núcleo
duro de nuestra clase media urbana, que se ha derechizado hasta un fascismo que
uno creería que no corresponde con la evolución de la humanidad, ya no acepta
nada que no corresponda a ese esquema de ideas tan primario, y a lo que le
letanizan sus gurúes y trolls permanentemente, hay que discutir las mentiras y
falacias que difunden.
Si una persona, tal vez un joven, una
mujer, o alguien al que le hace ruido alguna situación (¿cómo no te va a hacer
ruido la salvaje represión chilena, o la persecución de las comunidades
aborígenes en el mismo Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia (podría agregar Perú
en el que llevan una vida esperando medidas que los favorezcan)?), valdrá la
pena el esfuerzo.
LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA SE
CONSTRUIRÁ SOBRE LA VERDAD QUE PERMITA QUE GIECO DEJE DE CANTAR CINCO SIGLOS
IGUAL
Mentir
sobre Bolivia
Nov
25, 2019 |
Por
Atilio A. Boron
http://atilioboron.com.ar/mentir-sobre-bolivia/
Es triste y lamentable comprobar que las
artes del buen historiador que Loris Zanatta supo cultivar en el pasado se
deterioraron hasta convertirlo en un propagandista. ¿De qué otro modo podría
calificarse la más reciente intervención del historiador italiano a propósito
de los trágicos acontecimientos en curso en Bolivia? Su nota publicada en uno
de los principales matutinos de Buenos Aires es un compendio de falsedades y de
ocurrencias que pretenden pasar por una interpretación rigurosa y en las cuales
se quiere demostrar la irredimible malignidad de Evo Morales y, según Zanatta,
su mentor: el Papa Francisco. En esta breve nota me limitaré a señalar los
yerros más groseros de su intervención. Dejo para mis lectores la poco
agradable tarea de examinar los demás, que son muchos.
Zanatta, como buen conservador, siente una
particular aversión para con el Papa Francisco y, en consecuencia, por quien
sería, según él, el líder más amado por el pontífice: Evo Morales. A partir de
esa supuesta constatación el historiador italiano se hunde en el submundo de
sus obsesiones y sus odios más arraigados. Se pregunta, ya instalado en ese
caos de sus prejuicios “¿qué democracia puede haber donde la política es una
cruzada contra el infiel, el camino hacia la redención del “pueblo elegido?”
Pero, ¿habla de Estados Unidos, cuyos dirigentes y gran parte de su población
creen realmente ser el pueblo elegido por el Señor para sembrar la justicia y
la democracia en el mundo? ¡No, habla de Bolivia!, de la humilde Bolivia de las
señoras de polleras, de un pueblo que fue explotado, oprimido y escarnecido por
siglos primero por el colonialismo español y más tarde por Estados Unidos y que
ni bien decidió hacerse dueño de su destino atrajo sobre sí todas las iras del
averno con sede en Washington, DC. No hubo en la Bolivia de Evo ninguna cruzada
contra los infieles; simplemente se gobernó para empoderar al pueblo, respaldar
sus derechos, sacarlo de la pobreza y para evitar que los supremacistas
blancos, los sanguinarios racistas de la Media Luna Oriental, concreten de una
vez y para siempre el genocidio que borre de la faz de Bolivia a esos oscuros
personajes originarios que los avergüenzan ante el mundo. Que es lo que, con la
complacencia de Zanatta, o su cómplice silencio, que es igual, están haciendo
hoy.
Enardecido por los vahos embriagantes de su
discurso, Zanatta se interna resueltamente en el terreno del delirio político.
Por ejemplo, cuando habla de “la obsesión (de Evo) por perpetuarse en el poder
como un Rey Católico.” Esto por cometer la imperdonable transgresión de querer
buscar una nueva re-elección si el pueblo así lo decidiera. Pero es asombroso
que siendo tan sensible a este tipo de iniciativas de autoperpetuación en el
poder no se hubiera también referido a
lo que al parecer es una idéntica obsesión en Ángela Merkel o Benjamín
Netanyhau, para no hablar de Helmut Kohl o Felipe González, o de la propia
Democracia Cristiana italiana que estuvo más de cuarenta años en el gobierno
sin que manifestase la menor preocupación sobre ese desaforado afán por
“perpetuarse en el poder” de aquellos dirigentes europeos o del neofascista
israelí. O cuando, con absoluta irresponsabilidad habla de “la estafa electoral
para evitar el triunfo de las ‘clases coloniales’ no es (solo) el fruto de un
ego enloquecido; son el lógico resultado de una ideología en la que el ‘pueblo
de Dios’ no piensa doblegarse ante el ‘pueblo de la Constitución’.” Este último
debe, sin duda, ser el representado por Luis Fernando “Macho” Camacho que
irrumpió acompañado por unos facinerosos al Palacio Quemado blandiendo una
Biblia para exorcizar la herética presencia de la Pachamama; o el que
personifica la ignota senadora autoproclamada presidenta del Estado
Plurinacional por una Asamblea Legislativa que ni siquiera reunía el quórum
necesario para sesionar, y cuyos tuits ahora convenientemente borrados
revelaban un intenso odio racial contra las poblaciones originarias de Bolivia;
o tal vez ese ‘pueblo de la Constitución’ tan exaltado por Zanatta sea el de
aquellos probos republicanos que prendieron fuego y orinaron sobre la Wiphala,
la bandera de los pueblos originarios de todo el mundo andino; o el que
profirió las amenazas pre-electorales del tan alabado Carlos Mesa cuando,
exhibiendo el talante democrático que tanto seduce a Zanatta, amenazó que desconocer cualquier resultado
electoral que no sea su victoria.
Cuesta creer que quien fuera un historiador
profesional pueda ignorar tantos reportes de investigación que refutan su
errónea (y malintencionada) tesis sobre la supuesta “estafa electoral” de Evo.
Primero, ni siquiera el informe de la OEA usa la expresión “fraude” y mucho
menos habla de estafa, tal como lo ha fehacientemente demostrado un estudio del
Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). Según dicho trabajo
el informe de la OEA “no aporta prueba
alguna que pudiera demostrar el supuesto fraude.” Segundo, Zanatta también
ignora los resultados del informe del Center for Economic and Policy Research
(CEPR) de Washington y cuyos autores ratifican la rectitud de los resultados
anunciados por el Tribunal Superior Electoral pues “no encuentran evidencia de
que hubo irregularidades o fraude que afecten el resultado oficial que le dio
al presidente Evo Morales una victoria en primera vuelta.” Tercero, el informe de 36 páginas emitido por
el más competente departamento de ciencia política de Estados Unidos en materia
de estudios electorales, la Universidad de Michigan, que coincide en afirmar
que no hubo fraude alguno en las elecciones bolivianas y que Evo ganó en buena
ley. Dice textualmente el profesor Walter R. Mebane Jr., experto mundialmente
reconocido en el estudio de fraudes electorales, que en las elecciones
bolivianas se comprobó la existencia de “irregularidades estadísticas que
podrían indicar fraude sólo en 274 de las 34.551 mesas de votación y que (esto)
no se diferencia mucho de patrones vistos en otros comicios en Honduras,
Turquía, Rusia, Austria y Wisconsin. Incluso removiendo los votos fraudulentos,
el MAS tiene una ventaja superior al diez por ciento”, sentenció al final de su
extenso trabajo.
De haber tenido en cuenta alguno de los
aportes ya referidos el historiador italiano no hubiera podido escribir una
afirmación tan descabellada como la siguiente: si se “hubieran celebrado
elecciones regulares, es probable que el vencedor habría sido Carlos Mesa,
hombre que garantizaba un gobierno respetuoso del pluralismo y de la
democracia. En cambio, al manipular las urnas, Morales desató la guerra
religiosa y se eligió ‘el enemigo’: al causar la radicalización del conflicto,
hizo emerger un ‘enemigo’ que como él invoca a Dios sobre la Constitución, al
‘pueblo’ sobre la democracia.” El problema para el profesor de Bologna es que
sí hubo elecciones regulares, que no se manipularon las urnas y que si alguien
desató una guerra religiosa, un estallido de racismo y fanatismo religioso no
fueron ni Evo ni el MAS sino su tan admirado Carlos Mesa, un politiquero
irresponsable al que los prejuicios –o la conveniencia- del italiano lo llevan
a percibirlo como un hombre “respetuoso
del pluralismo y la democracia” pese a que antes de llevarse a cabo las
elecciones denunciaba el “fraude” que seguramente se cometería y que azuzó los
peores sentimientos y prejuicios de las capas medias bolivianas para cometer
toda clase de desmanes antes, durante y después de las elecciones, incluyendo,
¡oh sorpresa!, el incendio de las oficinas de las sedes departamentales del
Tribunal Superior Electoral en Sucre,
Potosí, Santa Cruz y Tarija y la destrucción de la documentación electoral que
podría haber comprobado el “fraude” cometido por Morales.
Podríamos extendernos en otras
consideraciones sobre el artículo de Zanatta que marcan un hito irreversible en
la conversión de quien fuera un serio historiador del catolicismo en un vulgar
propagandista que ofrece su pluma al servicio de la derecha y el imperialismo.
Habla, en su nota, de que “el país estaba en llamas” y que eso tornaba
inevitable el golpe militar pero bien se guarda de decir quiénes fueron los
incendiarios. Insinúa que Brasil podría haber sido uno de ellos, pero omite
toda mención de Estados Unidos, barriendo bajo la alfombra toda la evidencia
que habla de la activa participación de Washington en el derrocamiento de
Morales. ¿Ignora acaso que el infame Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas de Bolivia, Williams Kalimán, renunció a su cargo ni bien se consumó el
derrocamiento de Morales y se radicó en Estados Unidos? ¿No escuchó lo que es
vox populi en La Paz de que por su valentía republicana al “sugerirle” a Evo
que debía renunciar fue remunerado por Estados Unidos con un millón de dólares
gracias a una gestión realizada personalmente por Bruce Williamson, encargado
de negocios de la embajada estadounidense? ¿Y que se sospecha que otros
generales recibieron una cantidad similar y varios jefes de policía unos
quinientos mil dólares cada uno para alentar su oportuno amotinamiento? ¿Qué tiene
que decir del viaje que en Septiembre de este año realizara Ivanka Trump a
Jujuy, la provincia argentina lindera con Bolivia, y en donde fuera recibida
por su gobernador y algunos personajes de la política boliviana que adquirieron
notoriedad durante la ofensiva destituyente?
Nimiedades: lo importante para Zanatta es
repetir la cantinela que le dictan desde Washington: Evo quería eternizarse en
el poder, hizo fraude y la tragedia que desató es todo por su culpa. Y la
democracia podría renacer de este golpe. El plan fue muy concienzudamente
elaborado por los numerosos especialistas que Estados Unidos tiene para
promover “cambios de régimen”, “primaveras de colores” o simples y llanos
linchamientos de líderes molestos, como hicieron con Gadaffi en Libia. Bolivia
era un objetivo largamente acariciado por la Casa Blanca. Todos conocemos su
adicción por ciertos recursos naturales como el petróleo o, en el caso que nos
ocupa, el litio, que para el Financial Times de Londres es el equivalente de lo
que fue el petróleo en el siglo veinte y que es un insumo esencial para la
maquinaria militar estadounidense. Y Evo
y el gobierno de los movimientos sociales eran obstáculos inexpugnables, que no
podían removerse apelando a la vía electoral, intentando fabricar líderes de la
“sociedad civil” o penetrando en la cultura popular con los tentáculos de su
ONG. Por lo tanto había que arrojar por la borda cualquier prurito legalista,
olvidarse de la perversa sofistificación de los “golpes blandos” y el “lawfare” y apelar sin tapujos ni culpas
al golpe militar del viejo estilo, precedido por los disturbios de un lumpenaje
contratado que pudo sembrar el caos en las principales ciudades de Bolivia
gracias a que las fuerzas policiales, compradas por del imperio, les dejaron la
calle liberada para crear una situación socialmente insostenible y
justificatoria del golpe de estado.
Zanatta no puede desconocer todo esto. Por
eso lo suyo, en verdad, es un escándalo. La treintena de muertos, cientos de
heridos y detenidos, los desaparecidos, la policía gaseando a los deudos que
llevaban los ataúdes de sus seres queridos al cementerio, los incendios de
oficinas gubernamentales, las intimidaciones y las cobardes amenazas a los
familiares de funcionarios y legisladores del MAS para que traicionaran a Evo,
todo este espanto, todo este derrumbe del orden democrático y de la paz social,
le resbalan al historiador italiano por su piel de foca, para retribuirle una
metáfora que insolentemente le dedica a Evo en su libelo. Hay que mentir, le dijeron,
por el bien del imperio y de la civilización del capital. Acabar con Evo y el
Mas y, de paso, socavar la autoridad de Francisco. Y el ex historiador arroja
su antiguo prestigio a los perros y obedece la orden, con ganas. Lástima y
vergüenza.
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